Hubiera preferido que este post tuviera un tema más general y menos complejo, pero el camino me llevó a tropezarme de forma casual con este. El portal de Temas publicó hace poco un trabajo de dos colegas[1], investigadoras del Centro de Estudios de Economía Cubana (CEEC) a las que además me une un aprecio y respeto personal, más allá de lo profesional, y que un comentario en FB, donde todo se dice y nada es secreto, criticaba.
Simplificando un artículo que es bastante detallado, digo que trata sobre los gastos de una familia cubana “tradicional”; o sea, compuesta por personas dependientes exclusivamente de ingresos provenientes de su trabajo en el sector estatal, o pensionados. No voy a repetir lo que las autoras plantean, hay un enlace al final de la entrada para aquellos que lo deseen, -lo recomiendo- sino que explicaré algo que tal vez no quede claro para un lector no especializado.
En primer lugar, las autoras elaboran una estructura de gastos a partir de los precios más asequibles que pueden encontrarse en el mercado nacional (ya se sabe: mercado artesanal industrial –MAI-, tiendas de productos reciclados, mercados agropecuarios, canasta básica) porque, entre otras cosas, ¿dónde, si no es en estos lugares, va a poder acceder un cubano de ingresos bajos, a los productos de aseo, alimentación y vestuario? Y por otra parte, esos son los datos disponibles. Y hay aquí un detalle al que pocos se refieren al hablar de las “deficiencias” del análisis económico en Cuba, y son las estadísticas. Y me detengo en este punto.
Los estudios requieren bases estadísticas, de ahí los profesionales extraemos los datos que nos permiten establecer comparaciones, estructurar series de tiempo y, sobre todo, estudiar las causas y efectos de los fenómenos a partir de su comportamiento periódico.
Se impone aclarar que no soy defensora a ultranza del uso indiscriminado de las matemáticas, pero considero que una combinación adecuada de estas y del análisis cualitativo correspondiente, puede guiarnos correctamente en el análisis. Ahora, si las estadísticas de las que se parte son incompletas o insuficientes, el profesional se ve frente a una disyuntiva clara: renuncia a realizar estudios o simplemente trata de utilizar las herramientas de las que dispone lo mejor posible. Este es el caso, la mayor parte de las veces.
La contabilidad nacional, para cumplir su función en nuestro país, debe actualizarse. El portal de la ONEI, solo contiene informaciones hasta el 2011, una desventaja que elimina los últimos 3 años (los más delicados, puesto que son años de transformaciones fundamentales desde el llamado Período Especial) lo cual impide medir cuantitativamente hoy los resultados de estas.
Por otra parte, los ingresos publicados corresponden al sector estatal, o las empresas mixtas o corporaciones (todos de alguna manera relacionados con el estado), cooperativistas (agropecuarios, los demás apenas comienzan). Podríamos decir, de acuerdo con esta información, que los trabajadores de una parte del sector de servicios (los incluidos en el clasificador “Comercio, restaurantes y hoteles”) se encuentran entre los trabajadores cubanos de menores ingresos, con un salario medio de 367 CUP. Bueno, salarios tal vez. Sin embargo, cualquiera que habite la isla podrá decir que esos no son sus ingresos reales. Esto solo revela una parte de la realidad, la punta del iceberg, por decirlo de alguna forma.
Debemos también agregar un elemento incorporado recientemente, al menos de manera legal: el trabajador asalariado del pequeño empresario o de los cooperativistas. Este actor está desprovisto de protecciones sindicales u órganos de justicia laboral. Entran y salen por puertas traseras al sector de los asalariados en condiciones de trabajo más precarias que las del capitalismo del siglo XIX. Esto nadie me lo tuvo que contar, lo viví y sufrí –mejor decirlo así- en carne propia: jornadas no reguladas, vacaciones inexistentes o casi inexistentes y una ausencia total de derechos frente a un patrón autoritario y prepotente que ostenta el poder absoluto de contratar o despedir a su antojo amparado por los deprimidos salarios del sector estatal. Las estadísticas no son evidentes en este particular: los cuentapropistas declaran los ingresos de sus contratados como gastos en pago de salario y sus asalariados simplemente pagan un impuesto (una suma fija) sobre ingresos personales. ¿Cómo son reflejados en las cuentas nacionales? ¿Como asalariados? ¿Como cuentapropistas? Bueno, como trabajadores independientes. En el anuario del 2011, solo caben en la categoría Ayudantes familiares, y queda explícito que no cuentan entre los que perciben salarios. Entonces, los ingresos, ¿cómo quedan expresados? Ninguna de las tablas del apartado 6 (Finanzas) o del 7 (Empleo y salarios), los refleja. ¿Existen? Y si estuvieran dentro de los ingresos de estos que no son salarios, ¿qué son? ¿Ganancias? Lo dudo. Ganancia es lo que percibe el trabajador por cuenta propia o pequeño empresario privado. Sus contratados, de ninguna forma, obtienen ganancias. Reciben, sin lugar a dudas, un salario. Habría que ver si las estadísticas que se recogen en este 2014 cambia esa perspectiva.
De otra parte, habría que ver de qué manera quedarán los contratados por el sector cooperativista –no agropecuario- puesto que la ley establece que no pueden contratar fuerza de trabajo por más de 3 meses, de lo contrario, tendrían que ingresarlos como miembros a las cooperativas, algo que sabemos no ocurrirá en todos los casos[2]. Estos elementos no presentes enmascaran la composición (y el origen) de los ingresos personales, lo cual podría brindar luz sobre, por ejemplo, las estructuras del gasto de los asalariados y sus variadas costumbres de consumo, de acuerdo con el sector al que pertenezcan (ya sea estatal o privado) y hasta cambian, probablemente, la situación del empleo. ¿Qué tal si existen personas que buscan empleo, pero solo en el sector privado? Esto daría al traste con un desempleo invisible, no reflejado en las cuentas nacionales, para cuyos efectos, estas personas serían lo que se llama trabajadores inactivos[3].
No critico la actual apertura al trabajo por cuenta propia, todo lo contrario. Aunque el papel del Estado en la economía es algo de lo que no nos ocuparemos ahora, pienso, sin absurdas apologías al libre mercado, que no puede, aunque desee, dedicarse a todos los sectores ni a todas las regiones. Sobre las espaldas de un Estado que corre con altos gastos en lo concerniente a, entre otras cosas, salud y educación (críticas aparte), no puede caer también el fardo pesado de servicios que bien pueden estar en manos de cooperativistas o pequeños empresarios privados.
Y nos detendremos brevemente: Solo se conocen los precios regulados del sector estatal, y algunas investigaciones –no conozco si disponibles en sitios públicos: revistas, periódicos, páginas web, ONEI- tienen en cuenta y calculan la economía subterránea o mercado negro. Pero, y este pero es importante, ¿y los precios del sector privado o cuentapropista? ¿No cuentan? ¿No forman parte de los gastos de nuestros coterráneos? Bueno, para el cálculo del PIB se tienen en cuenta. ¿Para algo más?
Y ese es nuestro problema en la transformación, que muchos cambios deben ser simultáneos, como el papel de los sindicatos en el nuevo entorno, como la adecuación de los estudios de precios a las condiciones actuales, como la extracción de los asalariados del sector privado de la lista de los cuentapropistas. Eso, sin dudas, brindaría transparencia a nuestras estadísticas, y con ellas, exactitud a nuestros análisis.
Superficialmente tocando la cultura, la ONEI no aclara en sus Notas Metodológicas si contempla entre los largometrajes o cortometrajes de la industria cinematográfica nacional aquellos que son resultado del trabajo de productoras independientes. Pero tengo la impresión –y este es solo mi criterio- de que solo cuentan las del ICAIC. Si no fuera así, valdría reflejarlo correctamente. Y si fuera así, valdría reflejarlo correctamente.
Estos son solo algunos ejemplos, podríamos extraer más con análisis más detallados y minuciosos. Mis colegas Betsy Anaya y Anisia García, han llegado a la conclusión de que una familia (con diferentes composiciones, explicadas por las autoras) de tres personas cuyos ingresos provengan exclusivamente del Estado, gastarían aproximadamente entre 1202-1344 CUP, 400-448 CUP per cápita cada mes. Las propias autoras, señalan:
"En resumen, las estimaciones logradas pusieron de manifiesto que aun con los incrementos implementados en salarios y pensiones en 2005, resultaba muy difícil para las familias cuyos ingresos procedían exclusivamente de estas fuentes, asumir gastos por encima de los considerados como básicos —por ejemplo, los destinados a compras de equipamiento y otros enseres para el hogar, el pago de servicios a privados (reparación de equipos, transporte, cuidado de niños, enfermos o ancianos, y otros cuya provisión por el Estado es insuficiente), la adquisición de libros no escolares y el entretenimiento.
Para el año 2011 este escenario se complejizó aún más al combinarse la contracción de los productos racionados —que ahora deben ser adquiridos en los mercados de «oferta y demanda»— con el aumento de precios de otros productos y servicios, situación que no mejoró incluso con el incremento en los salarios y pensiones medios."
Las autoras llegaron a conclusiones científicamente respetables con las estadísticas disponibles. Mis colegas saben. Al fin y al cabo, ellas son también asalariadas del sector estatal, y eso es fundamental para juzgar. En Cuba, los economistas formamos parte del pueblo, padecemos las mismas penurias, reímos con las mismas alegrías y celebramos los mismos éxitos. Nuestro trabajo debe ser, entre otras cosas, entender y ayudar a entender esos detalles de la cotidianidad que a veces escapan a la comprensión del más avezado. Creo que la investigación publicada por Temas, es un ejemplo.